Buenos Aires 17 de Febrero de 2014Señora Presidente de la Nación
Doctora Cristina Fernández de Kirchner.
De nuestra mayor consideración.
Por intermedio de la presente, los abajo firmantes, usuarios del ferrocarril y miembros de organizaciones sociales autoconvocadas queremos expresarle nuestras preocupaciones y propuestas con relación a la crisis de los servicios ferroviarios de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires. Encuadrados en el hecho que el transporte público es un derecho constitucional que debe ser garantizado por el Estado, hemos realizado los primeros controles de usuarios y ferroviarios para tratar de tener un diagnostico actual y real de la situación de nuestros trenes que le adjuntamos.
Constatamos a diario, la reiteración de innumerables fallas y accidentes en todas las líneas (incendios reiterados, descarrilamientos, un sistema de señales y cambios ineficiente obsoleto), así como los retrasos, suspensiones cuando no, interrupción diaria de servicios. Estos problemas no son obra de la casualidad, sino consecuencia de las políticas públicas que privilegiaron los beneficios empresariales desde la adopción del sistema de gestión con concesionarias privadas hasta la fecha han llevado al ferrocarril a niveles inéditos de deterioro y destrucción que padecemos a diario. Es evidente la falta de mantenimiento de las formaciones, el deterioro de la infraestructura ferroviaria, y el deficiente funcionamiento de los servicios ferroviarios, a pesar de los millonarios subsidios que bajo diversas modalidades hemos pagado como pueblo a las concesionarias privadas.
En vísperas del recordatorio, de la tragedia de Once que arrojó como saldo de 52 muertos y 600 heridos, y de la secuela de numerosos casos similares con y sin víctimas fatales, constatamos que ante cada siniestro, cobra mayor claridad una y otra vez, la trama de negociados entre empresas concesionarias, terciarizadas y burócratas sindicales amparados por un estado cómplice que no resuelve una intervención decidida en asumir la dirección, la planificación, el control y regulación de este servicio público.
Ante los notorios incumplimientos de los contratos por parte de las concesionarias, las protestas de los usuarios pero por sobre todo luego de la masacre de Once se tomó la decisión de rescindir algunas concesiones, aunque se mantuvo el gerenciamiento privatista en la operatoria del servicio con concesionarias que han demostrado su ineficiencia y desidia en la prestación del servicio ferroviario. La falta de regulación y controles por parte del estado, permitió la continuidad de los negociados privados a costa del erario público.
Pese a algunos anuncios oficiales que ilustraban la intención de mejorar el servicio y hasta la eventualidad de la recuperación del mismo por parte del estado, con el dictado de la Resolución N° 41/2012 (BO 12-02-14) vuelve a reiterarse la lógica privatista en la gestión del servicio ferroviario. La nueva norma re concesiona ramales con la suscripción de nuevos acuerdos con operadores como Ferrovías y Metrovías, ambos controladas por grupos económicos (Roggio y Emepa) ampliamente representativos de la ´Patria contratista” en nuestro país, con lo cual se insiste en mantener un modelo de gestión que ha dado sobradas muestras de fracaso.
Habiendo agotado todas las instancias previas posibles para solicitar la mejora de las prestaciones del servicio ferroviario, todo ello en tiempo y forma y no habiendo obtenido a la fecha respuestas satisfactorias de parte de los concesionarios privados ni del Estado, le solicitamos tenga a bien:
1- Proceder a la inmediata quita de las concesiones ferroviarias privadas interurbanas y de carga. Esto abarca en el área metropolitana a las concesionarias Metrovías y Ferrovías (prestadoras directas de los servicios ferroviarios de las líneas Urquiza y Belgrano Norte, sus negocios colaterales, talleres internos, talleres externos y áreas operativas, todas ellas otorgadas oportunamente en el marco de la Ley 23.696 de Reforma del Estado). La rescisión de las concesionarias del transporte de carga otorgada a grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales, sin el cual el servicio general no resulta rentable.
2- Arbitrar los medios conducentes para recuperar, bajo gestión de los trabajadores, las empresas y talleres ferroviarios que producían material rodante y diversos componentes para el mantenimiento de formaciones y del servicio, lo cual redundará en la recomposición de la industria ferroviaria en nuestro país. Hoy la mayor parte de estas unidades productivas se encuentran en manos de las concesionarias privadas con lo cual se mantiene una de las principales fuentes de corrupción al permitir la sobrefacturación del material diferido a reparar nacional e importado.
3- Que el estado reasuma la totalidad de los servicios ferroviarios, dentro de un marco normativo que incluya el control la gestión de los trabajadores y usuarios y el control social de la comunidad toda.
4- Derogar el decreto 2075/02 que estableció la emergencia ferroviaria. Arbitrar todos los medios a su alcance para la inmediata normalización de los servicios ferroviarios del Área Metropolitana mediante un programa de emergencia de obras, prestaciones e inversiones que otorgue las correctas garantías de seguridad, regularidad y confort según lo establecido por la Ley 2.873 General de Ferrocarriles y sus normas complementarias.
5- Iniciar inmediatamente la elaboración de un Plan Nacional de Transporte Ferroviario con amplia participación popular, y en particular de los trabajadores y usuarios. Esto tiene como finalidad principal, terminar con las actuales situaciones de improvisación técnica y discrecionalidad administrativa que han afectado muy seriamente a los servicios, llevándolos a situaciones extremas de precariedad y riesgo. Todo esto, entendemos, se ha reflejado claramente en los recientes accidentes de Flores, Once y Castelar. Existe todavía en nuestro pueblo muchos ferroviarios en actividad y que fueran cesanteados por las políticas privatistas que pueden aportar su experiencia y conocimientos en el desarrollo de otro tipo de gestión pública de los ferrocarriles
6- Colaborar, ampliar y acelerar los procesos judiciales en curso derivados de la Tragedia de Once. Realizar una debida investigación administrativa de las actividades de las empresas Metropolitano, Trenes de Buenos Aires, Ferrovías y Metrovías para determinar las causas y las responsabilidades de la pésima calidad de los servicios que se han prolongado por más de 10 años y que se proceda judicialmente con los responsables de la misma si correspondiese. Realizar una debida investigación de las actividades de los Ministerios de Planificación Federal y del Interior y Transporte, así como de sus respectivas Secretarías de Transportes y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para determinar las causas y las responsabilidades de la excesiva tolerancia de estos organismos que derivó en la pésima calidad de los servicios que son motivo de este reclamo, al menos, desde el inicio de las actuales administraciones y que se proceda judicialmente con los responsables de permitir el actual estado de cosas si correspondiese.
7- Brindar asistencia con políticas públicas específicas a los familiares de las víctimas fatales de tragedias largamente anunciadas y no escuchadas oportunamente por diversas autoridades nacionales.
8- Normalizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Asegurar una mayor transparencia institucional, promoviendo además, los ajustes necesarios para que este organismo contemple la participación activa de los usuarios y los trabajadores en el proceso de regulación y control del servicio ferroviario.
9- Realizar una Audiencia Pública, en el marco del Decreto PEN Nº 1172/2004 que establece los criterios de Acceso a la Información Pública, Reglamentación de Audiencias, Gestión de Intereses y Elaboración participativa de normas, para que los usuarios puedan informarse y a la vez presentar sus reclamos y propuestas. Reclamamos a las Autoridades de Aplicación nos informen sobre las acciones realizadas, actuales y proyectadas y a las acciones tendientes a asegurar el servicio público del ferrocarril en condiciones dignas y seguras, para que las autoridades de aplicación en la gestión y regulación del servicio público, informen sobre los planes de contingencia de corto plazo para atender un adecuado funcionamiento del servicio ferroviario y sobre los planes de mediano y largo plazo de mejoras, renovación y modernización del ferrocarril.
La presente solicitud, se fundamenta en una serie de acciones previas que abarcan relevamientos, petitorios, consultas técnicas y legales a profesionales y trabajadores y a un exhaustivo trabajo de concientización que algunos de nosotros hemos realizado por un lapso de más de 8 años (algunas de estas acciones, las más recientes, se adjuntan como anexos).
Durante muchos años hemos dicho y repetido hasta el cansancio que son necesarios cambios profundos que prevengan las tragedias y los padecimientos diarios de miles de personas. En todo ese tiempo exigimos que este Gobierno haga lo que no hizo por decisión propia en los 10 años anteriores y que a la luz de los hechos sigue sin hacer. Víctimas, usuarios y trabajadores advertimos muy firmemente que lo hecho es muchísimo menos de lo anunciado y que no alcanza. La realidad nos da la razón todos los días.
El modelo privatista de concesiones privadas fracasó, y no podemos seguir aceptando su continuidad bajo otros ropajes, precisamos definir una política ferroviaria como servicio público acordada con la comunidad, que innove en un nuevo tipo de gestión con el protagonismo decisivo de trabajadores y usuarios
Fuente: Usuarios Organisados del Sarmiento
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